Excesiva intervención del Estado en la economía

En Costa Rica la administración Solís pretende mantener el esquema actual de fijación de precios del arroz, ignorando criterios técnicos y sin argumentos económicos válidos.

Lunes 13 de Marzo de 2017

EDITORIAL

Pese a que un estudio técnico contratado por el mismo Ministerio de Economía señala que el actual esquema regulatorio de precios no contribuye a mejorar la productividad de los arroceros ni a bajar los precios finales, el gobierno de Luis Guillermo Solís insiste en mantener una práctica que privilegia a unos pocos, impide la competencia en igualdad de condiciones y perjudica al consumidor.

Del comunicado de la Cámara de Comercio:

10 de marzo 2017. La Cámara de Comercio de Costa Rica externa su preocupación y total inconformidad con el sostenimiento de la fijación de precios al arroz pilado y la propuesta de reforma del artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 38884-MEIC del 24 de febrero del 2015; reformado mediante el Decreto Ejecutivo No.39889- MEIC del 22 de julio de 2016, sometido a consulta pública en días recientes por el Ministerio.

Nuestros argumentos se basan, justamente, en un estudio contratado por el propio Ministerio al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, en el que se concluyen entre otras razones las siguientes:

•La fijación de precios actual continúa sin contemplar varios aspectos de la realidad del mercado tanto nacional como internacional.

•La fijación de precios del arroz no está contribuyendo con objetivos de política importantes como el aumento de la productividad y el mejoramiento de las condiciones de acceso por parte de los consumidores.

•El esquema de fijación de precios presenta características no consistentes con algunos de sus objetivos originales.

•No se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación del precio del arroz, pues muchos productores reciben menores precios al fijado, la productividad se mantiene estancada y hacia la baja y los consumidores pagan precios muy por encima de los internacionales.

Adicionalmente, las prácticas utilizadas por algunos comercios como por ejemplo el bandeo del arroz con algún otro producto, son actividades totalmente lícitas. No es aceptable que un reglamento (inferior a una ley) pretenda prohibirlo, ni mucho menos permitir un excesivo nivel de discrecional a la Administración Pública con el fin de someter al comerciante a un proceso sancionatorio.

La aplicación de esta reforma al reglamento vendría a afectar directamente al consumidor, quien se ve beneficiado por este tipo de prácticas promocionales; sin dejar de lado que en términos generales el Decreto de fijación de precios hoy día vigente, afecta principalmente a los consumidores de menores ingresos.

El sector comercial no comprende cuál es la ruta que sigue el MEIC al desconocer este estudio contratado por el propio Ministerio, cuando claramente se aleja de los criterios expertos y sin justificación técnica oportuna, pretende perpetuar una medida de fijación de precios al arroz que coloca al país en una posición contraria a los compromisos suscritos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Cámara de Comercio reitera su oposición a que se fijen los precios al arroz pilado que se ha mantenido en el tiempo sin sustento técnico; siendo una respuesta únicamente a presiones políticas de ciertos sectores, los cuales temen perder los beneficios ilegítimos de los que se han servido a costa principalmente de los consumidores.

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